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El 27 de mayo, Brasil anunció que invertirá 75 millones de dólares para mejorar la BR-319, la carretera que atraviesa la selva amazónica. Junto a ella, el gobierno presentó un plan de conservación, prometiendo vigilar una franja de 50 km a cada lado de la vía. Pero los grupos ambientales no toman al pie de la letra esta marcha simultánea de desarrollo y protección. Abierta en 1976 y aún en gran parte sin pavimentar, esta carretera troncal está en el centro de un debate que sacude la posición de Brasil pocos meses después de haber sido sede de la COP30 en Belém, en noviembre de 2025.

Por qué la BR-319, y por qué ahora

La BR-319 es una arteria de unos 870 km que une Manaos, en el estado de Amazonas (más de dos millones de habitantes), con Rondônia. Pavimentarla cambia de golpe el acceso a la aislada Manaos, y los costos logísticos bajan con ello. El gobierno del presidente Lula plantea el proyecto en términos de llevar los beneficios del desarrollo al norte.

La cuestión es qué viene una vez puesto el asfalto. Como mostró el desarrollo amazónico de los años setenta y ochenta, una carretera troncal se ramifica en vías secundarias, el asentamiento se acelera y la tala y la minería ilegales llegan a lo profundo de la selva. En 2024, el Observatorio del Clima de Brasil acudió a los tribunales para revocar la licencia preliminar. Su argumento: se omitieron tanto la consulta previa a los pueblos indígenas como la evaluación de impacto climático. Se dice que la carretera afecta a 69 comunidades indígenas y 64 territorios indígenas, y a más de 18.000 indígenas.

Un punto de no retorno asoma

En mayo, un estudio difundido por el medio de noticias ambientales Mongabay lanzó una nueva advertencia. Si se pierde entre el 22 y el 28% de la selva y el calentamiento global alcanza entre 1,5 y 1,9 grados Celsius, la Amazonía podría cruzar un punto de no retorno ya en la década de 2040. Ese punto es el estado en que la selva deja de regenerarse por sí sola y se acelera una transición más seca, tipo sabana. Aun ahora, se estima que los árboles caen a un ritmo de cinco por segundo.

Para colmo, en mayo la Cámara de Diputados de Brasil aprobó un proyecto de ley (PL 2564/2025) que limitaría la facultad de las autoridades ambientales de imponer embargos cautelares basados únicamente en la teledetección, como las imágenes satelitales. El proyecto fue enviado al Senado y aún no es ley, pero el Ministerio de Medio Ambiente y las organizaciones ecologistas lo rechazan por vaciar la aplicación misma de las normas ambientales: el ejecutivo y el legislativo parecen mirar en direcciones opuestas. En la COP30 de Belém, en noviembre de 2025, el gobierno de Lula se presentó ante el mundo como guardián de la Amazonía. Pero cuando la inversión en la BR-319 y este impulso legislativo antiambiental ocupan los titulares a la vez, esa bandera se decolora. Tomar la parte del desarrollo interno, o mantener el compromiso climático internacional. Hacia dónde se inclina Brasil quedará claro no por un discurso en una conferencia internacional, sino por cuánta selva se tale en esta temporada de lluvias.

Antes de que se pavimente un solo metro de la carretera, los árboles de la Amazonía ya caen a cinco por segundo.

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Fuentes

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