En toda América Latina crece el impulso de crear «sistemas nacionales de cuidados» (Sistema Nacional de Cuidados): hacer del cuidado una tarea del Estado. El trabajo de atender a niños, personas mayores y personas con discapacidad ha recaído largamente en las familias —sobre todo en las mujeres, sin pago—. Ahora la apuesta es convertir eso en «sistemas de cuidados» de los que el Estado se haga responsable. La CEPAL los enmarca en una idea más amplia que impulsa: la «sociedad del cuidado».
El cuidado no remunerado supera un quinto del PIB
Empecemos por los números. La CEPAL estima que el valor económico del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado llega al 21,3% del PIB en promedio en la región —entre 15,9% y 27,6% según el país, en todos los casos una porción que sostiene la economía—. Las mujeres hacen el 74,5% de ese trabajo y le dedican alrededor del triple de tiempo que los hombres. En hogares con niños menores de 15 años, cerca del 60% de las mujeres dice estar fuera del mercado laboral para atender a la familia. El cuidado no es un «asunto privado de la familia»: sostiene la economía misma. Hacer visible eso es donde arranca todo el debate.
«Reconocer, reducir, redistribuir»: el plano
El núcleo descansa en tres verbos: reconocer (hacer visible su valor económico), reducir (aliviar la carga misma con guarderías, servicios de día, ayudas técnicas) y redistribuir (correr la carga de las mujeres hacia los hombres, el Estado, las empresas y la comunidad). Son las «tres R» que desarrolló la economía feminista, que replantean las tareas del hogar y el cuidado como trabajo productivo que sostiene a la sociedad, no como «trabajo gratis».
Hacer del cuidado un derecho: un cuarto pilar
El otro pilar es escribir el cuidado en la ley como derecho. Las leyes recientes de Chile y México establecen, una junto a otra, el derecho a recibir cuidados, a cuidar y al autocuidado. La CEPAL lo ubica como «cuarto pilar» de la protección social —tras pensiones, salud e ingresos— y en las conferencias regionales de la mujer (el Compromiso de Buenos Aires en 2022, el de Tlatelolco en 2024) los países se comprometieron a avanzar hacia una «sociedad del cuidado».
¿«Cuidado» o «autonomía»? La mirada desde la discapacidad
Aquí la política de discapacidad mete una salvedad importante. La mayoría de los sistemas de cuidados nacieron de la agenda feminista de la «economía del cuidado». Pero el artículo 19 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) consagra el derecho a vivir de forma independiente en la comunidad y a elegir dónde, cómo y con quién vivir. El «apoyo» del que habla no es una «atención» estandarizada, sino la asistencia personal que la persona elige y dirige: un apoyo que habilita la autonomía y la participación.
El problema es que la palabra «cuidado» puede deslizarse hacia el paternalismo: «atender a alguien dependiente». El Movimiento de Vida Independiente reclama desde los años sesenta la asistencia personal dirigida por la persona como un derecho y el fin de la institucionalización; el feminismo, por su parte, pregunta quién protege el trabajo y la dignidad de quien asiste. Ambas miradas chocan a veces. La propuesta de sistema de cuidados de México fue criticada por organizaciones en 2025 por ser débil en los derechos de las personas con discapacidad y mayores. Un buen sistema de cuidados depende de si el diseño puede sostener las dos cosas a la vez: repartir la carga de quien cuida en la sociedad, sin soltar la autonomía de quien es cuidado.
América Latina va adelante, pero la implementación es la prueba
Puede sorprender, pero aquí América Latina lidera. Según la CEPAL, ocho países —Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Panamá, Uruguay y Venezuela— ya tienen leyes de sistemas o políticas de cuidados. Pero la ley y la realidad están lejos. La financiación, la llegada a provincias y al campo, la paga de las trabajadoras del cuidado y la garantía de autonomía de quien es cuidado: todo eso es tarea pendiente.
Lo que este movimiento pregunta
Que el cuidado no remunerado supere un quinto del PIB significa que el desembolso invisible de quienes lo cargan —en su mayoría mujeres— es justamente así de grande. Repartir el cuidado en la sociedad es una cuestión de justicia. A la vez, cómo proteger la autonomía de quien es cuidado —sobre todo las personas con discapacidad— es una cuestión de derechos. El experimento latinoamericano intenta sostener ambas en un solo sistema. Para un Japón ante el mismo envejecimiento y el mismo peso del cuidado, no es para nada problema ajeno.
El cuidado no remunerado supera un quinto del PIB. Quién lo reparte, y cómo se protege la autonomía de quien es cuidado: un sistema de cuidados pregunta las dos cosas.
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Fuentes
- CEPAL, «Economía del cuidado / Sociedad del cuidado» — el cuidado no remunerado promedia 21,3% del PIB; las mujeres aportan el 74,5% — cepal.org / Acerca de la Sociedad del cuidado
- Petrie-Flom Center (Harvard), «The Right to Care and Disability in Latin America» — petrieflom.law.harvard.edu
- JURIST, «Critican la propuesta de sistema de cuidados de México por descuidar los derechos de discapacidad y vejez» (2025) — jurist.org
- OHCHR: artículo 19 de la CDPD (vida independiente en la comunidad) — ohchr.org
- Gobierno de Chile, «Ley Chile Cuida / SNAC» — desarrollosocialyfamilia.gob.cl
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