← Volver a Noticias de América Latina

El 1 de julio de 2026, el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio anunció la designación del grupo criminal ecuatoriano Chone Killers como Organización Terrorista Extranjera (FTO) y como Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT). La medida entró en vigor al día siguiente, el 2 de julio, con su publicación en el Federal Register. Tratar a los grupos criminales latinoamericanos como organizaciones terroristas se ha convertido en los últimos dos años en un instrumento habitual de la política estadounidense hacia la región. Aquí ordenamos qué hace jurídicamente esa designación y qué no hace.

Qué ocurrió: una doble designación del Departamento de Estado

Quien designa es el Departamento de Estado, no el Tesoro. Las bases legales son la sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que sustenta la figura de FTO, y la orden ejecutiva 13224, que sustenta la de SDGT. El comunicado del Departamento de Estado cita ataques reiterados contra civiles, agentes del orden y funcionarios públicos, incluidos asesinatos de figuras públicas.

La cancillería ecuatoriana celebró la decisión y señaló que refleja el firme respaldo de Washington a la decisión del presidente Daniel Noboa de sostener una lucha frontal contra las organizaciones criminales (Al Jazeera).

No es el primer grupo ecuatoriano en la lista: Los Choneros y Los Lobos fueron designados como FTO y SDGT en septiembre de 2025. Sumando el PCC de Brasil (ya lo tratamos) y el Tren de Aragua venezolano (ya lo tratamos), las organizaciones latinoamericanas designadas desde 2025 se acercan ya a la veintena.

Los efectos jurídicos: tres consecuencias concretas

Las consecuencias de una designación FTO/SDGT se agrupan en tres. Primera: proporcionar a sabiendas «apoyo material o recursos» al grupo pasa a ser delito federal en Estados Unidos. Segunda: quedan bloqueados los bienes e intereses del grupo dentro de la jurisdicción estadounidense. Tercera: sus integrantes quedan en principio impedidos de entrar al país.

Lo decisivo es que las tres operan dentro de la jurisdicción estadounidense. La designación no crea ninguna facultad nueva de detención ni de operación dentro de Ecuador. Muerde donde el dinero del grupo toca las redes de compensación en dólares o la banca estadounidense, o donde alguien vinculado intenta entrar a Estados Unidos. Ecuador usa el dólar como moneda, de modo que esa superficie de contacto es más amplia que en otros países, pero la etiqueta sigue sin equivaler a más control policial sobre el terreno.

Dos relatos sobre quiénes son los Chone Killers

Hay una brecha entre el relato oficial sobre el origen del grupo y el de los investigadores. El Departamento de Estado afirma que surgió como facción de Los Choneros antes de separarse en 2020. InSight Crime, medio especializado en crimen organizado, sitúa en cambio su raíz en la rama ecuatoriana de los Netas, pandilla carcelaria de origen puertorriqueño, con base de poder en Durán, junto a Guayaquil, y describe el nombre como un homenaje a la alianza con el jefe de los Choneros. Ambos relatos coinciden en el punto de inflexión: el asesinato de ese jefe en 2020 hundió la confederación y dejó al grupo operando por su cuenta.

Lo que existe hoy no es una organización única. Según InSight Crime, la policía contabiliza al menos cinco facciones enfrentadas por territorio solo dentro de Durán, mientras que sus líderes destacados están muertos, presos o prófugos. Buena parte de la violencia se produce entre facciones que usan el mismo nombre, no como ataques hacia fuera.

El debate: ¿sirve la designación?

Steven Dudley, codirector de InSight Crime, señala que el grupo reúne a unos pocos cientos de miembros y carece prácticamente de operaciones internacionales, y cuestiona la elección misma del objetivo. Los analistas plantean además un problema práctico: cuando una organización está fragmentada, la militancia es fluida y hay quien adopta la «marca» de forma oportunista, empresas y bancos difícilmente pueden determinar quién queda cubierto por la designación.

Las cifras también invitan a la cautela. El recuento de homicidios de 2025 de InSight Crime sitúa la tasa ecuatoriana en 50,9 por cada 100.000 habitantes: un 31 % más que en 2024 y la peor desde al menos 2014. Ese período es anterior a las designaciones de Choneros y Lobos, pero el ciclo que refleja es conocido: detener a los cabecillas fragmenta las organizaciones y desata nuevas disputas territoriales (ya lo tratamos). En 2025 murieron al menos 75 personas en cuatro motines carcelarios.

Qué se ha movido después

Dos semanas después de la designación, entre el 12 y el 14 de julio, el comandante del Comando Sur de Estados Unidos, el general Francis Donovan, visitó Ecuador y se reunió con el jefe del Comando Conjunto ecuatoriano, general Henry Delgado Salvador. Según el Comando Sur, la agenda fue coordinar la acción contra el narcoterrorismo en el marco de la Coalición contra los Cárteles de las Américas (ACCC), y Donovan recorrió además unidades militares ecuatorianas. Hasta ahora no consta públicamente ninguna sanción adicional ni operación conjunta nueva dirigida específicamente contra los Chone Killers desde la entrada en vigor.

Esa cooperación creciente convive en tensión con la política interna. En el referéndum del 16 de noviembre de 2025, las cuatro preguntas planteadas por Noboa fueron rechazadas; un 60,75 % votó en contra de levantar la prohibición de bases militares extranjeras. La cooperación práctica avanza en una dirección que el electorado declinó respaldar (relacionado: ya lo tratamos).

Mi perspectiva

La designación terrorista es una herramienta para aislar financieramente a una organización. Contra grupos que mueven dinero a través de fronteras y tocan el sistema financiero formal funciona de verdad, y más aún contra una estructura desplegada en el exterior como el Tren de Aragua. Por la misma lógica, colgar la misma etiqueta a unos cientos de personas encerradas en unos pocos barrios genera un desajuste entre el instrumento y el objetivo. La incomodidad de los analistas se entiende mejor no como rechazo a la designación en sí, sino como una cuestión de diseño: ¿es esta la herramienta adecuada para este objeto?

Puestas en fila, las políticas de seguridad ecuatorianas de estos dos años apuntan en una sola dirección: la declaración de «conflicto armado interno» de enero de 2024, los estados de excepción recurrentes con despliegue militar, las detenciones masivas de cabecillas y ahora la institucionalización de la cooperación militar y policial con Washington. La intensidad no deja de subir. Que los homicidios no bajen no refuta por sí solo ese camino, pero sí muestra que el supuesto de partida —subir la presión hace caer la violencia— no se está cumpliendo. Por eso mismo Ecuador se cita como el caso que mostró antes que nadie los límites del modelo de mano dura salvadoreño que se extiende por la región (ya lo tratamos).

Tres indicadores para seguir. Primero, si de la designación se derivan procesos penales o bloqueos de bienes efectivos dentro de Estados Unidos: la medida de una lista es el volumen de ejecución, no la inclusión. Segundo, las cifras mensuales de homicidios en Ecuador, sobre todo en Durán y Guayaquil. Tercero, cómo el gobierno colombiano entrante de Abelardo de la Espriella, que asume el 7 de agosto, se coordina con Ecuador y Estados Unidos en las rutas de tráfico transfronterizas. Una designación es una etiqueta, no una política.

Glosario

Foreign Terrorist Organization (FTO) = organización terrorista extranjera, designada por el secretario de Estado bajo la sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Specially Designated Global Terrorist (SDGT) = designación de bloqueo de bienes bajo la orden ejecutiva 13224. material support = apoyo material: dinero, bienes o servicios; prestarlo a una FTO es delito federal en EE. UU. conflicto armado interno = la condición declarada por el gobierno ecuatoriano en enero de 2024.

Una designación es una etiqueta, no una política. La pregunta es qué se construye después de colgar el nombre.

Fuentes

※ Este artículo es un análisis del autor basado en información pública. Confirme los datos, fechas y procedimientos más recientes en fuentes oficiales y primarias. Las citas se mantienen al mínimo y se indican las fuentes.