A fines de junio de 2026, el gobierno mexicano inició el mayor proceso de consulta indígena de la historia del país. Recaba la opinión de 16.728 comunidades de todo el territorio sobre un anteproyecto de ley general de derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, con materiales informativos distribuidos a las comunidades del 1 de julio al 6 de agosto. Una vez sistematizados los resultados, se presentará una iniciativa al Congreso federal.
La escala y el mecanismo
La cifra de 16.728 supera en alcance a cualquier consulta indígena que México haya realizado antes. Un rasgo destacado es que incluye no solo a los pueblos indígenas, sino también a las comunidades afromexicanas. Los afromexicanos fueron reconocidos explícitamente a nivel federal por primera vez en la reforma constitucional de 2019 (que añadió el Apartado C al Artículo 2), y una reforma de 2024 elevó a los pueblos indígenas y afromexicanos a sujetos de derecho público: es esa reforma de 2024 la que esta ley general busca reglamentar.
El diseño de la consulta refleja el principio de “consulta libre, previa e informada” (CLPI) que establece el Convenio 169 de la OIT. Sin embargo, aún no se han detallado los mecanismos de monitoreo externo que garanticen la independencia del proceso, y la sociedad civil reclama transparencia en el procedimiento.
Por qué se ha necesitado la ley
Se estima que los pueblos indígenas representan alrededor del 19% de la población de México (unos 23,2 millones) por autoadscripción, o cerca del 6% (unos 7,4 millones) por hablantes de lengua indígena (INEGI 2020) —los indicadores difieren mucho—, pero los conflictos por derechos territoriales y recursos naturales han continuado en todo el país. Cuando proyectos de energía, agricultura, presas y complejos turísticos alcanzan tierras tradicionales, la consulta muchas veces ha sido solo una formalidad. También persisten brechas en el acceso a la educación, la salud y la justicia en lenguas indígenas.
El gobierno de Sheinbaum busca responder a esta desigualdad estructural mediante un marco integral en forma de ley general. Pero el proceso de consulta es en sí una prueba de hasta qué punto se reconocerá de forma sustantiva el derecho de los pueblos indígenas a la autodeterminación: la calidad de la consulta importa tanto como el contenido de la ley.
Entre la expectativa y la inquietud
Entre las organizaciones indígenas hay voces de bienvenida y de cautela. Como en el pasado el gobierno ha dicho que “consultó” cuando en realidad la opinión no se reflejó, muchos observan si los resultados llegan de verdad a la iniciativa. A la vez, MORENA y sus bloques aliados tienen una mayoría calificada de dos tercios en la Cámara de Diputados (y quedan a poco en el Senado), una configuración que aumenta las probabilidades de aprobación, pero también deja al gobierno amplio margen para definir el contenido a su manera.
Traducir a texto legal los resultados de cada fase es lo que viene. El 6 de agosto cierra solo la primera fase, la “informativa”, de una consulta de tres etapas; luego siguen una fase deliberativa (del 7 de agosto al 13 de septiembre, con 82 asambleas regionales) y una fase de análisis, con la iniciativa prevista para presentarse alrededor del 12 de octubre (Día de la Nación Pluricultural). Lo que hay que vigilar no es la “escala” de la consulta, sino cómo se reflejan sus resultados en el articulado de la ley.
La consulta es la mayor de la historia. Pero si de verdad protege derechos solo se sabrá por el contenido de la ley.
Fuentes
- El CNPI aprueba la propuesta de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos y define la ruta para la consulta nacional | Gobierno de México / INPI — gob.mx
- National consultation launched for the Law on the Rights of Indigenous and Afro-Mexican Peoples（2026-07-02） | SIPAZ — sipazen.wordpress.com
- The Indigenous World 2026: Mexico | IWGIA — iwgia.org
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