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Diecisiete personas de nacionalidad mexicana han perdido la vida bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) o durante sus operativos. El 9 de julio, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció que presentaría denuncias penales directamente ante fiscalías estadounidenses: un giro desde la acumulación de notas de protesta hacia el uso del propio aparato judicial del país vecino.

Qué ocurrió: cuatro vías abiertas a la vez

Según la SRE, de las 17 muertes 14 se produjeron dentro de centros de detención y tres durante operativos del ICE, acumuladas desde el inicio del segundo gobierno de Donald Trump en 2025. México ya había entregado 11 notas diplomáticas de protesta formal. Que esas notas no derivaran en esclarecimiento es la premisa declarada del cambio de estrategia (SRE).

Las gestiones comenzaron la semana del 13 de julio por cuatro carriles: denuncias penales ante el Departamento de Justicia y fiscalías federales y estatales, en coordinación con la FGR mexicana; cartas de cese y desistimiento a las empresas privadas que operan los centros; una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); y un llamado al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Lo inusual es que las vías diplomática, penal, civil e internacional avancen en paralelo.

La primera carta se dirigió al centro de procesamiento de Adelanto, California, donde han muerto cuatro connacionales. El texto exige detener de inmediato prácticas que impiden el acceso pronto a atención médica.

El disparo en Houston que precipitó el giro

El detonante inmediato fue un disparo ocurrido la madrugada del 7 de julio en Houston, Texas. Lorenzo Salgado Araujo, de 52 años, llevaba a su cuadrilla a una obra cuando un agente del ICE le disparó. Llevaba 35 años viviendo en Estados Unidos y tenía una pequeña empresa de construcción; su familia sostiene que no tenía antecedentes penales.

Las versiones no coinciden. El ICE afirma que el vehículo fue usado como arma; los tres acompañantes detenidos lo niegan. El Departamento de Seguridad Nacional reconoció que él no era el objetivo del operativo. Investigan autoridades federales y la fiscalía del condado de Harris (PBS News). Al día siguiente, más de mil personas se manifestaron en Houston.

Contexto: la privatización de la detención

Que 14 de las 17 muertes ocurrieran dentro de instalaciones indica que este es, ante todo, un asunto de detención más que de disparos. Buena parte de la detención migratoria estadounidense está subcontratada a empresas privadas, Adelanto incluido. Escribir directamente a una empresa, y no solo a un gobierno, revela la conclusión de que la diplomacia entre Estados no alcanza el punto donde reside la responsabilidad.

México no está solo. El 13 de julio, en Biddeford (Maine), un colombiano de 25 años que según los reportes contaba con permiso de trabajo murió por disparos de un agente del ICE, lo que motivó una dura condena del presidente Gustavo Petro. Varios gobiernos latinoamericanos convergen en la misma pregunta.

El punto en disputa: cartas devueltas en nombre de la soberanía

La respuesta estadounidense fue rápida y simbólica. El 17 de julio, Michael Kozak, de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, devolvió la carta al embajador mexicano Roberto Lazzeri, con el argumento de que pretendía dirigir la actuación de personal del gobierno de EE.UU. en territorio bajo su soberanía.

México replicó que se trata del ejercicio de la protección consular reconocida por la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, con pleno respeto a las leyes e instituciones estadounidenses (Aristegui Noticias). La discusión subió un nivel: ya no versa solo sobre los hechos, sino sobre hasta dónde puede un Estado de origen proteger jurídicamente a sus nacionales en territorio ajeno.

Mi lectura

Lo que más me interesa aquí es la diferencia de naturaleza entre el canal diplomático y el judicial. Una nota de protesta es una petición que descansa en la buena voluntad del otro gobierno: ignorarla no cuesta nada ni detiene ningún reloj. Una denuncia penal, o una carta a una empresa, entra en las instituciones del otro país, deja constancia y puede obligar a responder. Leída así, la carta devuelta parece menos un fracaso que la prueba de que la presión llegó.

El segundo hilo es la asimetría entre el papel económico del migrante y su protección jurídica. Bienvenido como fuerza de trabajo, desprovisto de recursos en el momento en que es detenido. Cuando las muertes se concentran dentro de las instalaciones, las familias casi no tienen una vía independiente para acceder a los hechos. Que el país de origen pueda intervenir ahí bajo la figura de la protección consular sentará precedente para toda la región.

Si hay que elegir un indicador, miren a las fiscalías estatales: cuántas anuncian públicamente una decisión sobre ejercer o no la acción penal. Lo estatal se hace visible antes que lo federal. La otra bifurcación es si la CIDH otorga las medidas cautelares, lo que situaría el caso de lleno en el terreno del derecho internacional de los derechos humanos.

Glosario

denuncia penal — acusación ante la autoridad penal. fiscalía — órgano de procuración de justicia. cese y desistimiento — requerimiento formal para detener una conducta. medidas cautelares — protecciones urgentes que la CIDH puede pedir a un Estado. protección consular — facultad del Estado para asistir y defender a sus nacionales en el extranjero.

La nota diplomática espera la buena voluntad ajena; la denuncia penal obliga a las instituciones a responder.

Fuentes

※ Este artículo es un análisis del autor basado en información pública. Confirme los datos, fechas y procedimientos más recientes en fuentes oficiales y primarias. Las citas se mantienen al mínimo y se indican las fuentes.