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A mediados de julio, en una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense, Michael Kozak, alto funcionario a cargo de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, afirmó que el statu quo en Nicaragua resulta intolerable para Estados Unidos y sus vecinos, y también para los nicaragüenses, y que debe cambiar pronto (Infobae). La mirada de Washington, largamente fijada en Venezuela y Cuba, empieza a girar hacia Managua.

Qué ocurrió: una muerte bajo custodia y visas retiradas

El detonante fue la muerte de Brooklyn Rivera, de 73 años, líder del pueblo miskitu y exdiputado. Detenido en septiembre de 2023, permaneció unos dos años y ocho meses privado de contacto con el exterior. El 27 de mayo el gobierno difundió fotografías suyas intubado en una cama de hospital; el 31 de mayo confirmó su muerte y la atribuyó a una infección bacteriana surgida tras un cuadro de COVID-19 (Al Jazeera).

Expertos en derechos humanos de la ONU rechazaron esa explicación y reclamaron una investigación pronta, independiente, imparcial y transparente sobre las circunstancias del fallecimiento, así como la determinación de responsabilidades. Un diagnóstico médico, sostienen, no disuelve la responsabilidad del Estado sobre quien muere bajo su custodia.

El 8 de junio el Departamento de Estado anunció restricciones de visa a más de 100 funcionarios nicaragüenses y sus familiares, con lo que el total acumulado bajo esa política superó los 2.350 funcionarios y allegados. El comunicado señaló a Lumberto Campbell Hooker, ya sancionado por Washington, como directamente involucrado en negar atención médica a Rivera y en impedir que su familia sepultara sus restos (Departamento de Estado).

Contexto: doblemente periférico

La trayectoria de Rivera resume la historia nicaragüense reciente. En los años ochenta, las comunidades miskitu de la costa caribeña resistieron las políticas centralizadoras del gobierno sandinista y una parte combatió junto a la Contra respaldada por Estados Unidos. Las negociaciones de paz dieron lugar a las regiones autónomas de la costa, y Rivera cofundó YATAMA, el partido indígena surgido de ese proceso.

Es decir: alguien que enfrentó al sandinismo y luego dedicó décadas a gestionar la autonomía desde dentro de las instituciones terminó detenido por ese mismo gobierno y muerto bajo su custodia. El caso muestra hasta dónde ha llegado la represión más allá de la generación de las protestas de 2018, alcanzando a quienes administraron parte del propio Estado. Las organizaciones de derechos humanos documentan detenciones arbitrarias, privación de nacionalidad y destierro como instrumentos rutinarios de gobierno (Human Rights Watch).

El debate: ¿alcanzan las sanciones a quien se levantó de la mesa?

Lo difícil es que los canales de presión se han estrechado. Nicaragua completó su retiro de la Organización de los Estados Americanos en noviembre de 2023 y salió así del principal foro multilateral de la región. Los mecanismos que examinan violaciones y emiten recomendaciones solo operan sobre los miembros. Cuando un Estado abandona la mesa, queda lo bilateral: restricciones de visa y congelamiento de activos.

Las restricciones de visa sí muerden: afectan viajes, propiedades, la universidad de un hijo. Pero cuanto más cerca está alguien del núcleo del poder, menos suele tener expuesto en Estados Unidos, y más se debilita el instrumento. La cifra de 2.350 mide la amplitud de la campaña y también los años que ha tomado acumularla.

Mi mirada

Leer esto como "Washington por fin actuó" probablemente sea equivocarse. Lo revelador es que ya solo quedan herramientas bilaterales. Los organismos multilaterales son lentos, tibios y a menudo desoídos; aun así su diseño guardaba un valor discreto: mientras ocupes una silla, cada año te hacen las mismas preguntas. Salir de la OEA borró por completo esa pregunta periódica.

También me inquieta el momento. Durante los dos años y ocho meses de detención de Rivera, la atención internacional fue escasa. Las cosas se movieron cuando ya había muerto. Si las sanciones solo funcionan como respuesta posterior, se parecen más a un registro que a una disuasión. Se estima que Nicaragua mantiene aún numerosos presos políticos, y la pregunta abierta es si la secuencia simplemente se repetirá.

Tres indicadores para seguir. Primero, cómo tratará la muerte de Rivera el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) en el informe previsto ante la Asamblea General en octubre. Segundo, si las medidas estadounidenses escalan de las restricciones de visa a las designaciones financieras. Tercero, y lo más importante, si el número y el estado de salud de los presos políticos llegan a ser verificables desde fuera. Sin lo tercero, lo primero y lo segundo solo producen cifras mayores.

Glosario

statu quo — el estado de cosas existente. miskitu — pueblo indígena de la costa caribeña de Nicaragua y Honduras. YATAMA — partido indígena cuyo nombre significa "hijos de la madre tierra" en miskitu. OEA — Organización de los Estados Americanos. restricción de visas — suspensión de la elegibilidad para viajar a Estados Unidos.

Las preguntas multilaterales no alcanzan a quien se levantó de la mesa: solo queda el canal bilateral, estrecho.

Fuentes

※ Este artículo es un análisis del autor basado en información pública. Confirme los datos, fechas y procedimientos más recientes en fuentes oficiales y primarias. Las citas se mantienen al mínimo y se indican las fuentes.