La presidenta costarricense Laura Fernández anunció que enviará un segundo paquete de proyectos de ley en materia de seguridad a la Asamblea Legislativa el 27 de julio, a menos de tres meses de asumir el cargo el 8 de mayo. Se apoya en cuatro pilares: ampliar las causales de extradición, garantizar el cumplimiento efectivo de las penas, endurecer las sanciones por minería ilegal y transformar el propio Poder Judicial. En conjunto perfilan cómo un país sin ejército pretende responder al deterioro de la seguridad.
Qué ocurrió y qué todavía no
Conviene precisar el momento: al cierre de esta nota el segundo paquete aún no ha sido presentado. En la conferencia de prensa del 15 de julio, Fernández pidió a las y los diputados avanzar con los proyectos ya en corriente legislativa y anunció que el siguiente paquete llegaría el 27 de julio, sin detallar por ahora su contenido.
Los cuatro componentes se conocieron en el anuncio gubernamental del 1 de julio. El primero amplía las causales para extraditar a personas requeridas por narcotráfico internacional y crimen organizado. El segundo busca que las penas se cumplan en su totalidad, cerrando los espacios por los que el tiempo efectivo de reclusión se acorta en la práctica. El tercero eleva las sanciones por minería ilegal. El cuarto apunta al Poder Judicial: el Gobierno dice querer garantizar una justicia pronta y cumplida, pero no ha divulgado el articulado.
El primer paquete fueron seis proyectos
El primer paquete llegó al Congreso el 15 de junio con seis iniciativas. Una, que lleva el nombre de un oficial caído, agrava las penas por agredir u obstruir a policías en servicio y establece una presunción de legítima defensa para la respuesta armada policial. Las demás redefinen la pertenencia a una banda criminal como delito autónomo, restringen beneficios a personas reincidentes y crean un registro nacional de reincidencia, obligan a la población penitenciaria a realizar actividades productivas repartiendo los ingresos entre manutención, reparación a víctimas y apoyo familiar, sancionan las pistas de aterrizaje clandestinas y limitan el acceso a los antecedentes penales según el tipo de usuario. Al presentarlas, la presidenta advirtió que era el primer paquete y que vendrían muchos más.
El Colegio de Abogados ha cuestionado ese primer paquete y la mandataria criticó su posición el 15 de julio. El segundo llegará, entonces, sobre una fricción que ya existe.
Sin ejército, la reforma de seguridad se vuelve reforma judicial
Aquí está el punto estructural. Costa Rica abolió su ejército en 1948 y lo consagró en el artículo 12 de la Constitución de 1949. No hay fuerzas armadas que desplegar cuando la criminalidad crece. Cerrada por vía constitucional la ruta ecuatoriana o salvadoreña —estado de excepción y militares en la calle—, las palancas disponibles se reducen a la policía y al sistema de justicia. La jugada habitual que repasamos en nuestra nota sobre la expansión de la mano dura simplemente no está sobre la mesa.
Por eso la presión recae en los tribunales. El 15 de julio Fernández sostuvo que los procesos que se prolongan dejan en libertad a personas que vuelven a delinquir, y criticó por su nombre a jerarcas de la justicia penal; desde el Poder Judicial se respondió que el sistema funciona. La presidenta convocó para el 20 de julio una sesión del Consejo Nacional de Seguridad con participación de autoridades judiciales. El enfrentamiento ya es público.
Transformar el Poder Judicial en un país sin ejército es delicado justamente porque es a la vez un asunto de seguridad y uno de división de poderes. Si parte de lo que ha hecho de Costa Rica una excepción de estabilidad en Centroamérica es la independencia de su justicia, el Gobierno propone intervenir sobre una de sus propias fortalezas.
Los números ya venían bajando
Se pasa por alto que esta ofensiva legislativa no responde a indicadores en deterioro. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) contabilizó 378 víctimas de homicidio en el primer semestre de 2026, unos 14% menos que las 440 del mismo periodo de 2025. En su primer balance de seguridad, el 1 de julio, el Gobierno reportó homicidios a la baja en 15% (64 casos menos), femicidios en 52% menos y delitos contra la propiedad en 10,4% menos. Las víctimas colaterales cayeron a 20, un 57% menos.
En perspectiva más larga, los homicidios alcanzaron su máximo en 2023 con 905, se mantuvieron altos en 2024 (876) y 2025 (873), y empezaron a descender este año. La tasa de 2025 fue de 16,7 por cada 100.000 habitantes. El OIJ ve viable cerrar 2026 por debajo de 800. El argumento de la reforma, por tanto, no puede apoyarse en un conteo de homicidios en aumento: se apoya en el papel del país como corredor de tránsito de cocaína y en la lentitud de los procesos judiciales.
Mi lectura
Cuando llega legislación contundente mientras las cifras mejoran, conviene mirar con cuidado la dirección de la causalidad. El Gobierno tiene dos meses y medio y ninguno de estos proyectos ha sido aprobado. La caída del primer semestre no puede ser su efecto. Sin embargo, si el descenso y la ofensiva legislativa se presentan en la misma conferencia, se leen juntos. Como en Jamaica, donde los homicidios bajaron mientras otro indicador empeoraba, un total que mejora no resuelve por sí solo si una política funciona. Junto a los totales hacen falta las tasas de esclarecimiento y la duración de los procesos.
Las impresiones personales tampoco sustituyen a las estadísticas. Caminé por San José en enero de 2025, diez años después de haber vivido allí, y como escribí entonces, el ambiente del centro de noche se parecía bastante al que recordaba: las aceras estaban renovadas y la ciudad, si acaso, más cuidada. Lo que percibe alguien de paso en unos días y lo que un corredor del narcotráfico le hace a un país son observaciones de resoluciones distintas. Que nada se sintiera peor no es un argumento contra la reforma.
Si hay que seguir un solo dato después del 27 de julio, que sea el número de expediente asignado al proyecto de transformación del Poder Judicial y la comisión a la que se envíe. Si ese proyecto se limita a la eficiencia procesal o si alcanza los nombramientos y el presupuesto judicial dirá, apenas se publique el texto, si la versión costarricense de la mano dura se mantiene dentro del Estado de derecho. Esa respuesta llegará mucho antes que las cifras del OIJ de fin de año.
Glosario
Asamblea Legislativa — el Congreso unicameral de Costa Rica, de 57 escaños. extradición — entrega de una persona requerida por otro Estado. cumplimiento efectivo de la pena — que la condena se cumpla íntegra, sin reducciones de hecho. OIJ (Organismo de Investigación Judicial) — órgano de investigación adscrito al Poder Judicial y fuente primaria de las estadísticas de homicidios. expediente — número que identifica a un proyecto de ley una vez presentado.
Cuando un país sin ejército decide endurecer la seguridad, la presión cae sobre sus tribunales: la institución que era su fortaleza se vuelve objeto de reforma.
Fuentes
- Laura Fernández presenta seis proyectos de seguridad al Congreso（2026-06-15）| Delfino.cr — delfino.cr
- Gobierno anuncia proyectos para "transformar" al Poder Judicial y ampliar extradición（2026-07-01）| Teletica — teletica.com
- "Los homicidios han bajado un 15%": primer balance de seguridad（2026-07-01）| Infobae — infobae.com
- Laura Fernández presentará segundo paquete de proyectos de seguridad el 27 de julio（2026-07-15）| Diario Extra — diarioextra.com
- Costa Rica registró 873 homicidios en 2025, el tercer año más violento de la historia | Delfino.cr — delfino.cr
- Estadísticas Policiales | Organismo de Investigación Judicial (OIJ) — poder-judicial.go.cr
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