El 26 de febrero, la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó por estrecho margen (77 a 70) la “Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos Minero y Energético”. Vigente desde el 2 de marzo, la ley cambia de raíz el régimen de licencia ambiental para los proyectos extractivos, y las organizaciones ambientales e indígenas la rechazan con fuerza.
Qué cambió
El cambio central deja de tratar la “licencia ambiental” —un permiso que se otorga tras una revisión detallada— como puerta única y reordena los proyectos en “autorizaciones ambientales” (autorización ambiental) según su nivel de riesgo: los de alto impacto siguen requiriendo una licencia ambiental completa, mientras que los de bajo impacto pueden avanzar mediante formas más ligeras, como el registro o la certificación. En los clústeres mineros designados, el plazo de la evaluación de impacto ambiental se reduce de 18–24 meses a 12–15. El gobierno subraya que “no es una eliminación de la licencia”, pero los críticos sostienen que la discrecionalidad sobre cómo se clasifican los proyectos vacía por sí misma la revisión ambiental. En un Ecuador cuyo potencial confirmado se centra en el oro y el cobre —con plata y molibdeno también previstos—, el objetivo del gobierno de acelerar la inversión extranjera es explícito: califica la minería como “sector estratégico”.
Un acuerdo con el FMI de fondo
Lo que impulsó la reforma es el acuerdo de Ecuador con el FMI. Para romper la dependencia excesiva de los ingresos del petróleo, se exige de forma explícita ampliar la inversión y la producción mineras. El choque entre un gobierno que prioriza la estabilidad fiscal y una sociedad civil que defiende la protección ambiental y los derechos indígenas afloró de golpe con esta ley. Que la votación se definiera por apenas siete votos habla de lo dividida que está la Asamblea.
El costo que pagan Galápagos y los pueblos indígenas
La ONG ambiental Amazon Frontlines advierte que la nueva ley alcanza territorios indígenas de la cuenca amazónica y las Galápagos. Simplificar las formas de la revisión ambiental, sostiene, arriesga más permisos otorgados sin controles independientes. En Galápagos, la ley prohíbe expresamente la extracción dentro del Parque Nacional, mientras que una cláusula incorporada a último momento permite a los municipios autorizar la extracción de áridos y pétreos para la construcción en “Zonas de Aprovechamiento Sustentable (ZAS)” fuera del parque. El gobierno afirma que esto abarca solo cerca del 3% del territorio fuera de la reserva, pero desde la propia Asamblea se pidió su retiro, advirtiendo que invita a la extracción privada y a la expansión urbana en las frágiles islas. En la vecina Madre de Dios, en Perú, la pérdida acumulada de bosque por minería de oro alcanzó unas 139.000 hectáreas a mediados de 2025 (MAAP). Si la revisión se “acelera” o se “neutraliza” es una pregunta que decide menos el texto que su aplicación, y la respuesta está por venir.
Entre “acelerar” la revisión ambiental y “neutralizarla”, la diferencia es de un hilo.
Fuentes
- Amazon Frontlines — amazonfrontlines.org
- Business & Human Rights Resource Centre — business-humanrights.org
- Peoples Dispatch — peoplesdispatch.org
- Ecuador Brief — ecuadorbrief.com
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