El 20 de julio de 2026, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) anunció mediante un comunicado la publicación de un informe conjunto con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Red Latinoamericana de Organizaciones de Personas con Discapacidad y sus Familias (RIADIS), titulado «Disability Inclusion in Health Systems and Emergency Management in Latin America and the Caribbean» (Inclusión de la discapacidad en los sistemas de salud y la gestión de emergencias en América Latina y el Caribe). El informe fue lanzado el 30 de abril del mismo año en el congreso de RIADIS celebrado en Bogotá, Colombia. Basado en un estudio de diez países de la región, su conclusión es inequívoca: aunque las leyes y las políticas han avanzado, las personas con discapacidad siguen sin poder utilizar los servicios de salud y el apoyo en emergencias en igualdad de condiciones con las demás.
Cuatro barreras estructurales
El informe condensa el problema en cuatro puntos. Primero, la fragmentación de los sistemas de información: los datos sobre discapacidad no se recogen ni se comparten de forma integrada entre instituciones, lo que dificulta incluso conocer la realidad a la que las políticas deberían responder. Segundo, los servicios de salud se organizan según la lógica de quien los presta y no según las necesidades de las personas: los horarios y la conveniencia de las instituciones y los programas pesan más que las situaciones diversas de los usuarios.
Tercero, la formación del personal de salud en inclusión de la discapacidad es escasa y poco sistemática. Y cuarto, los planes de gestión de emergencias «mencionan» la discapacidad, pero carecen de medidas concretas de accesibilidad y de continuidad de la atención. En una región muy expuesta a sismos, inundaciones y huracanes, ese último señalamiento no es menor: quienes tienen dificultades para acceder a la atención en tiempos normales son precisamente quienes más riesgo corren de quedar atrás en un desastre.
La brecha entre ciudad y campo
El informe subraya además un desequilibrio geográfico. Mientras las grandes ciudades muestran avances medibles en servicios inclusivos, en las zonas rurales y remotas el apoyo disponible es mucho menor. Entre los derechos garantizados sobre el papel y lo que un centro de salud rural puede ofrecer en la práctica hay una brecha amplia: un patrón estructural que se repite en toda la región, no solo en la salud sino también en la rehabilitación y los servicios sociales.
La etapa que viene después de legislar
La mayoría de los países de América Latina han ratificado la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) y la han incorporado a su legislación interna. En cuanto a la codificación de derechos, el avance de las últimas dos décadas es real. Lo que este informe pone sobre la mesa es la distancia entre los marcos legales y el acceso efectivo: personal que nunca recibió formación, instalaciones donde una silla de ruedas no puede entrar, planes de evacuación redactados sin la mirada de las personas más afectadas. Esos detalles se acumulan hasta producir una situación en la que el sistema existe pero no llega. Y como vimos en la pugna por las prestaciones de discapacidad en Argentina (nota anterior), los sistemas que sostienen a las personas con discapacidad están además expuestos a la presión fiscal: el desafío regional está pasando de construir instituciones a hacer que funcionen, y a defenderlas.
Mi punto de vista
Que la «fragmentación de los sistemas de información» encabece la lista de barreras me hizo asentir con fuerza, porque no es un problema exclusivo de América Latina. También en Japón, los datos del carné de discapacidad, de las ayudas técnicas financiadas con fondos públicos y del seguro de cuidados de larga duración se gestionan por separado, programa por programa y municipio por municipio, y saber a escala nacional quién recibe qué apoyo y dónde no es nada sencillo. Investigando el sistema japonés de financiación de ayudas técnicas, me he topado muchas veces con ese muro. Cuando los datos no se conectan, las políticas terminan haciéndose a base de experiencia e intuición. La crítica del informe rebota directamente sobre las instituciones japonesas.
El hallazgo sobre la concentración urbana también coincide con escenas que recuerdo. Cuando trabajaba en rehabilitación en Costa Rica, los especialistas y los servicios se concentraban en la región capitalina, y los pacientes de las zonas rurales cargaban con largos desplazamientos y largas esperas. Costa Rica es un país donde la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) presta directamente la atención médica, uno de los sistemas de salud más sólidos de la región. Si incluso allí era así, las condiciones rurales que describe el informe son seguramente más apremiantes de lo que transmite cualquier cifra.
Y la observación de que los servicios se organizan según la lógica del prestador me toca de cerca, hablando desde mi propia experiencia como fisioterapeuta. La estructura en la que se pide al usuario que se adapte al horario del programa o a la conveniencia de la institución se cuela en la práctica clínica de cualquier país si uno no la resiste conscientemente. El informe la señala no como un defecto de actitudes individuales sino como un fallo de diseño del sistema, y creo que esa es su aportación más honesta.
Dos indicadores merecen seguimiento. Primero, cómo los gobiernos de los diez países estudiados traducen los hallazgos en planes de acción concretos. Segundo, cómo estos conocimientos se incorporan a las políticas regionales de preparación ante desastres y de salud tras las reuniones que marcan los veinte años de la adopción de la CDPD; el congreso de RIADIS en Bogotá, en abril de 2026, donde se lanzó el informe, fue una de ellas.
Glosario
inclusión de la discapacidad = el principio de que las personas con discapacidad participen en la sociedad y en los servicios en igualdad de condiciones con las demás. OPS = Organización Panamericana de la Salud, el organismo internacional de salud de las Américas y oficina regional de la OMS. CEPAL = Comisión Económica para América Latina y el Caribe, de las Naciones Unidas. RIADIS = Red Latinoamericana de Organizaciones de Personas con Discapacidad y sus Familias. CDPD = Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada por la ONU en 2006 y ratificada por la mayoría de los países de la región.
La distancia entre un derecho escrito en la ley y un derecho que llega al centro de salud: acortarla es una tarea que sigue en marcha en toda la región.
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Fuentes
- Disability inclusion in health systems and emergency management remains uneven across Latin America and the Caribbean, new report finds | PAHO — paho.org
- Launch event – Disability Inclusion in Health Systems and Emergency Management in Latin America and the Caribbean | PAHO — paho.org
- Disability Inclusion in Health Systems Remains Uneven Across Latin America and the Caribbean, Report Finds | fundsforNGOs — news.fundsforngos.org
- New report finds disability inclusion in health systems uneven across the region | Jamaica Observer — jamaicaobserver.com
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