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Keiko Fujimori asumirá la presidencia el 28 de julio, día de la independencia, dentro de poco más de una semana. Será la primera mujer en el cargo y su gobierno ha colocado a la minería en el centro del programa económico. El problema es que circulan a la vez varias cifras de magnitudes muy distintas. Antes de la asunción conviene separar lo que está definido de lo que todavía no lo está.

Lo que aún no está definido: el gabinete

Al 20 de julio no se ha anunciado formalmente ni un solo ministro del gobierno entrante. En el Perú no existe un plazo legal para presentar el gabinete: basta con que esté conformado el día de la asunción. Para la presidencia del Consejo de Ministros se barajan tres nombres: Luis Galarreta, secretario general del partido y primer vicepresidente electo; Luis Carranza, exministro de Economía y Finanzas; y Edgardo Mosqueira, exministro de la Presidencia.

Carranza también aparece en la prensa como principal opción para el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Se trata, por ahora, de una versión periodística y no de una designación confirmada. Cuando circuló en redes una supuesta lista de ministros, la oficina de prensa de Fuerza Popular desmintió su contenido. Carranza estuvo cerca de tres años al frente del MEF durante el segundo gobierno de Alan García, entre 2006 y 2009, y el mercado sigue su nombre como señal de una línea tecnocrática. Más allá de eso, la lista está en blanco.

64.000 millones y 6.300 millones no son lo mismo

El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) presentó en junio la Cartera de Proyectos de Inversión Minera 2026: 66 proyectos en 19 departamentos por US$64.075 millones, un 1,7% más que la actualización de octubre de 2025. Predominan el cobre y el molibdeno, concentrados en el corredor andino del sur. Entre los proyectos figuran Zafranal (US$1.900 millones), Conga (US$4.800 millones), El Galeno (US$3.500 millones) e Hierro Apurímac (US$2.900 millones).

Aparte, el ministro de Energía y Minas, Waldir Ayasta, señaló en el 27º Congreso Mundial de Minería en Lima que la inversión minera bordearía los US$6.300 millones en 2026. Eso es dinero efectivamente ejecutado este año: alrededor de una décima parte de la cartera. Una cifra suma todo lo que podría construirse en una década; la otra es la caja de este año. Al viajar juntas terminan fundidas en un fantasmal "US$63.000 millones", así que conviene mantenerlas separadas.

Las propuestas: vía rápida, incentivos y el 40% del canon

El plan de gobierno 2026–2031 de Fuerza Popular apoya su agenda minera en tres pilares: modificar la Ley General de Minería con una vía rápida para "proyectos estratégicos", incentivos tributarios a la reinversión de utilidades y una ventanilla única digital de permisos, interoperable con la SUNAT, la ANA y los gobiernos regionales.

Lo discutido es la propuesta de entregar hasta el 40% del canon minero directamente a la población de las zonas de extracción. El canon no es una regalía: es la parte del impuesto a la renta pagado por las mineras que ya se transfiere a gobiernos regionales y universidades públicas. Es decir, el dinero se redirige, no se crea. El Instituto Peruano de Economía (IPE) advierte que implicaría abdicar de la reforma de la inversión pública, y el Natural Resource Governance Institute (NRGI) cuestiona la sostenibilidad de financiar transferencias directas con un ingreso volátil y finito. En 2025 el canon minero fue de S/ 6.992 millones.

La advertencia del 16 de julio

El 16 de julio, a pocos días del cambio de mando, el Observatorio de Conflictos Mineros del Perú difundió un análisis que advierte que el impulso minero del nuevo gobierno podría desatar nuevas protestas. El argumento es simple: la mayoría de las principales regiones mineras no votó por Fujimori. La Defensoría del Pueblo contabiliza cerca de 200 conflictos sociales activos, 64 de ellos vinculados a minería y medio ambiente.

Se mencionaron dos proyectos: Tía María (Southern Copper, US$1.800 millones, con autorización para iniciar operaciones en 2027) y Río Blanco, de la china Zijin Mining. David Velazco, de la ONG Fedepaz, sostiene que ambos podrían enfrentar oposición. La consulta previa se sustenta en el Convenio 169 de la OIT y alcanza autorizaciones como el inicio de exploración o explotación. Cómo se concilia la "agilización" con ese procedimiento todavía no se ha detallado. La forma en que los altos precios del cobre y el oro han arrastrado también a la minería ilegal la tratamos aquí, y la misma tensión recorre la minería aurífera amazónica.

El techo del Congreso

La capacidad de ejecución depende del Congreso. Las elecciones parlamentarias del 12 de abril fueron las primeras bicamerales desde 1990. Fuerza Popular quedó como la bancada más numerosa con 22 de 60 escaños en el Senado y 41 de 130 en Diputados: primera fuerza en ambas cámaras, mayoría en ninguna. Tanto la reforma de la ley minera como el cambio en la distribución del canon requieren ley. Sumado a una elección presidencial decidida por unos 44.000 votos (lo contamos aquí) y a los tres desafíos que esperan desde el primer día (aquí), el punto de partida es estrecho en cualquier aritmética.

Mi lectura

Lo más útil en este tema es leer "cartera total" e "inversión anual" como cantidades distintas. Los US$64.075 millones incluyen proyectos en prefactibilidad, proyectos sin permisos ambientales y proyectos que quizá nunca se construyan. Lo que se mueve este año son US$6.300 millones. Si se quiere evaluar el primer año de gobierno, hay que contar los proyectos que llegan a construcción y cuánto valen, no el titular.

La propuesta del canon merece igual atención. Entregar renta de recursos directamente a la población tiene antecedentes, pero un esquema como el Fondo Permanente de Alaska reparte los rendimientos de un fondo, no el capital. ¿Sobreviviría el diseño a un año en que el cobre caiga y el reparto se reduzca a la mitad? El propio Perú tiene su lección: el óbolo minero, aporte voluntario vigente entre 2006 y 2011, recaudó S/ 2.282 millones en cinco años pero solo ejecutó un tercio antes de ser reemplazado por tributos obligatorios.

Hay viento a favor. En su reporte de junio, el Banco Central de Reserva (BCRP) elevó su proyección de crecimiento para 2026 de 3,2% a 3,4%. Tres indicadores para seguir: quién asume el MEF en torno al 28 de julio, el voto de confianza que se espera en el Congreso en agosto y la lista actualizada de proyectos en construcción que publique el MINEM antes de fin de año. Recién con los tres alineados se sabrá si los US$64.000 millones son algo más que una cifra.

Glosario

canon minero — parte del impuesto a la renta de las empresas mineras que se transfiere a gobiernos regionales y universidades públicas de las zonas productoras. regalía minera — contraprestación distinta del canon. consulta previa — consulta a los pueblos indígenas conforme al Convenio 169 de la OIT. cartera de proyectos — el portafolio de inversión minera.

US$64.000 millones son una década de posibilidades; US$6.300 millones son este año. El primer año se mide con la segunda cifra.

Fuentes

※ Este artículo es un análisis del autor basado en información pública. Confirme los datos, fechas y procedimientos más recientes en fuentes oficiales y primarias. Las citas se mantienen al mínimo y se indican las fuentes.