El 24 de julio de 2026, el canciller venezolano Felix Plasencia anunció la denuncia del Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la Corte Penal Internacional (CPI), como una "decisión firme e irreversible". Se prevé que la retirada entre en vigor un año después de la notificación formal al Secretario General de la ONU. Aun así, la investigación que la CPI lleva adelante sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la era Maduro continuará.
Qué pasó
La razón oficial de la retirada es la tesis del sesgo geográfico: la acusación de que la CPI concentra sus casos en África y América Latina mientras exime de responsabilidad a los países occidentales. Esta crítica tiene, en esencia, la misma estructura que los argumentos que los países africanos dirigieron repetidamente contra la CPI en el pasado. En el caso de Venezuela, sin embargo, el trasfondo inmediato es que la CPI está investigando efectivamente al propio país.
En 2021, la CPI abrió una investigación formal sobre la represión de las protestas antigubernamentales a partir de 2017, al considerar que existían motivos razonables para creer que las fuerzas de seguridad y grupos afines al gobierno habían cometido crímenes de lesa humanidad. Fue la primera investigación formal dirigida a un país sudamericano. La oficina que la Fiscalía mantenía en Caracas se cerró en enero de 2025, precisamente porque las autoridades venezolanas no cooperaron de manera sustancial con la investigación. El anuncio de la retirada es la prolongación de esa trayectoria.
El camino que eligió un gobierno de transición
Venezuela está encabezada actualmente por la presidenta interina Delcy Rodríguez, y esta retirada es una decisión de su gobierno. Incluso en el período de transición tras la salida de Maduro, el esquema de fondo no ha cambiado: la élite política que sostuvo al antiguo régimen busca eludir la rendición de cuentas ante la justicia.
Tras el anuncio, el Departamento de Estado de EE. UU. emitió de inmediato un comunicado de bienvenida. Coincide con la posición de la administración Trump, que ha calificado a la CPI de "institución corrupta y sin valor" y ha instado a todos los Estados miembros a retirarse. La imagen, poco habitual en los últimos años, de Estados Unidos y Venezuela actuando al unísono habla del cambio en la estructura diplomática de la región.
La retirada no detiene la investigación
Según el Estatuto de Roma, la retirada entra en vigor un año después de la notificación al Secretario General de la ONU, y hasta entonces se mantienen las obligaciones como Estado miembro. Incluso después de su entrada en vigor, la CPI conserva su jurisdicción sobre los actos cometidos antes de la notificación. Dado que la investigación se refiere a hechos de la era Maduro, la retirada no anula las pruebas ni los procedimientos acumulados.
El impacto real es que la obligación de cooperación de las autoridades venezolanas se diluye aún más y que se debilita la base legal para exigir la entrega de sospechosos. Los investigadores pueden seguir reuniendo registros, pero los medios para llevar a los acusados ante el tribunal quedan todavía más limitados.
La mirada del autor
Burundi (2017) y Filipinas (2019) fueron los primeros en abandonar la CPI; el año pasado los tres países del Sahel —Burkina Faso, Malí y Níger— anunciaron su retirada uno tras otro, y Chad también ha anunciado su intención de salir. Venezuela es ahora el primer país sudamericano en sumarse a esta corriente. Aunque las circunstancias de cada caso difieren, se está consolidando un patrón común —el investigado abandona el sistema—, y esa es la verdadera prueba para la justicia penal internacional.
Hay tres indicadores para seguir las próximas noticias. Primero, hasta dónde avanza la Fiscalía de la CPI antes de que la retirada entre en vigor dentro de un año. Segundo, si se pasa a trámites concretos, como la emisión de órdenes de arresto. Tercero, cómo reaccionan los países de la región —en especial los que han defendido a la CPI— ante esta retirada. Para vislumbrar el futuro del sistema regional de protección de los derechos humanos, el silencio o la protesta de los países vecinos será una señal importante.
Glosario
El Estatuto de Roma (Rome Statute) es el tratado fundacional de la CPI; la retirada entra en vigor un año después de la denuncia (notificación de retirada). Los crímenes de lesa humanidad designan actos como el asesinato, la privación de libertad o la persecución cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil.
Quien se retira para escapar de una investigación deja al mundo un solo hecho: que está huyendo.
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Fuentes
- Al Jazeera: Venezuela to exit International Criminal Court, accusing it of 'bias' (2026-07-24) — aljazeera.com
- Al Jazeera: What drove Venezuela's decision to leave the ICC? (2026-07-27) — aljazeera.com
- France 24: Venezuela to withdraw from International Criminal Court (2026-07-24) — france24.com
- U.S. Department of State: Venezuela Withdraws from the ICC (2026-07) — state.gov
- Venezuelanalysis: Venezuela Withdraws from ICC, US State Department Praises 'Partnership' (2026-07) — venezuelanalysis.com
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